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El tren, sin avances tras 10 meses de la firma del contrato


Han transcurrido 10 meses desde que Cochabamba comenzó a soñar el tren eléctrico que recorrería la región metropolitana desde Sipe Sipe hasta Sacaba con la firma del contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa española JOCA, que  desplazó a la coreana Hyundai Rotem al garantizar el 100 por ciento del financiamiento de 504 millones de dólares.

Sin embargo, en enero de 2016 se conoció que el Ministerio introdujo una cláusula de suspensión que dejó sin efecto el contrato al día siguiente de su firma, el 13 de septiembre de 2015, hasta que JOCA realice los estudios y tenga el financiamiento.

A pesar de ello, el ministro Milton Claros anunció el inicio de obras el 15 de febrero de 2016. Sin embargo, hasta ahora tiene el diseño de prefactibilidad y se negocia el financiamiento.

Ante la demora en el inicio de obras y las dificultades para contactar a los representantes de  JOCA en La Paz y Cochabamba para tener un informe del proyecto, el gobernador Iván Canelas aseveró que el presidente Evo Morales será el que anuncie los avances el 14 de septiembre.

Sobre  la aprobación del financiamiento en los Ministerios de Economía y Planificación pidió trasladar la pregunta a estas instancias. Pero, aseguró que la obra será ejecutada este año.

La tardanza también inquieta a los asambleístas del MAS. El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Martín Siles, dijo que volverán a convocar al ministro de Obras Públicas, Milton Claros, para que rinda un informe oral al pleno sobre los avances del proyecto.

El representante expresó su confianza en el Gobierno, pero también su preocupación por la demora. “Esto se va a ejecutar, tengo esa esperanza”, auguró.

El asambleísta del MAS, Daniel Torres, dijo  que la Comisión Segunda envió hace más de dos semanas una solicitud de informe oral y escrito del proyecto al Ministerio de Obras Públicas.

“El proyecto se realizará, estamos seguros porque el vicepresidente Álvaro García Linera manifestó, en el aniversario de Sacaba, que se estaba demorando porque se estaba negociando los intereses”, dijo Torres.

Hasta el momento JOCA presentó tres propuestas de financiamiento en agosto, septiembre y diciembre de 2015.

En tanto que el 1 de marzo de 2016, el viceministro de Transportes, Pascual Huarachi, solicitó al representante legal de JOCA, Fernando Viscarra, con la nota “Mopssv/VMT 0212/2016, que la estructura de financiamiento se ajuste a la presentada en agosto “por estar más acorde a los beneficios del Estado Plurinacional”.

JOCA planteó un plazo de devolución de 20 años, interés tipo Libor más 2 por ciento, plazo de carencia de uno a tres años y una comisión de análisis y estudio del 1 por ciento.

El asambleísta de Demócratas, Mario Orellana, observó que ya pasaron más de 10 meses y la Asamblea Legislativa Plurinacional todavía no aprobó el crédito de financiamiento de la obra. Éste es un requisito indispensable para la firma de contrato definitivo  y el inicio de obras.

“La impresión que tenemos es que el proyecto va a desestimarse porque está claro que se incumplieron varios procedimientos. Fue algo forzado con un afán político electoral y lo que es peor en un afán de engañarnos a los cochabambinos”, señaló.

La asambleísta, Lineth Villarroel, cuestionó la falta de avance y los obstáculos para fiscalizar. “Nos vinieron a entregar un cúmulo de sueños (…) Es otra mentira del MAS, un sueño como Misicuni”, indicó.

Este medio contactó al representante del Ministerio de Obras Públicas en Cochabamba, Ariel Torrico, para hablar del tema, quien indicó que no está autorizado emitir declaraciones.  A pesar de varios intentos telefónicos tampoco fue posible entrevistar al representante legal de JOCA en Bolivia, Fernando Viscarra, ni al responsable del proyecto por parte de la empresa española, Domingo García.

 

LA REPRESENTACIÓN DE JOCA

La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) realizó 11 observaciones al estudio de factibilidad de JOCA. Entre ellas que el documento del proyecto no tiene las características y tamaño de las 42 estaciones. Además pidió cumplir la Ley 1333 de Medio Ambiente y realizar un estudio de impacto ambiental e identificar los costos de inversión y operación en la evaluación financiera.

Por otro lado, el asambleísta Mario Orellana dijo que JOCA no acreditó su representación legal empresarial en Bolivia ante Fundempresa y el Servicio Nacional de Impuestos (SIN). Además el representante legal de la española, Fernando Viscarra, aún no tiene poder de representación constituido en el país, sólo en España.  “Con este tipo de irregularidades es que se fue a la suscripción de un contrato que en nuestro criterio no tiene validez jurídica. El contrato que suscribió la empresa JOCA con el Ministerio de Obras Públicas carece de legalidad y por ende queda nulo”, declaró.

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