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Socios de consorcio eluden juicio tras afectar a Misicuni




Han pasado tres años desde que el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) fue apartado del Proyecto Múltiple Misicuni; sin embargo, los representantes de las empresas Grandi Lavori Fincosit SPA (Italia), Empresas Construcciones Comercio e Industria (Bolivia), Vialpa, Change Consulting Group y Gerencia de Comercio y Concesiones (Colombia), y Empresa Obras Especiales (Venezuela), aún no han enfrentado a la justicia por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de contrato, conformación sociedades ficticias y daño económico.
El juicio contra el representante del CHM, Martín Rovira Rada, por los delitos de asociación o sociedades ficticias, incumplimiento de contrato y falsedad ideológica está a punto de instalarse pero sin la presencia del acusado. El Ministerio Público argumenta que el acusado está fuera del país, por lo que ha recurrido a edictos para conminarlo a que presente sus pruebas de descargo.
Tampoco se han sometido al proceso los representes de las empresas que conformaban el consorcio: Eduardo Gómez Vásquez, Raúl Nemtala Caballero, Julio Hernán Espinel Martínez, Francesco Senis y Raúl Maggioni, estos dos últimos de la italiana Grandi Lavori, que prestó su currículo para que el CHM se adjudique el megaproyecto por 84 millones de dólares a cambio de un porcentaje del contrato. 
La Fiscalía concluyó que “estas personas conformaron una sociedad ficticia supuestamente liderada por la Empresa Italiana Grandi Lavori Fincosit SPA”.
Y, según “se desprende del documento privado del 11 de diciembre de 2008, esta empresa no tiene ninguna responsabilidad ni participación en la asociación, reduciéndose al préstamo del currículum y de su nombre, a cuenta del 4,5 por ciento del contrato”, según el último edicto del caso FIS-CBBA 1405753.
La Fiscalía presentó la acusación el 7 de julio de 2016 al Tribunal Séptimo de Sentencia y ofreció como pruebas la auditoría de la Contraloría General del Estado que estableció un daño económico de 23 millones de dólares. También se adjunta la adhesión a la denuncia de la Gobernación como víctima del consorcio por los recursos que destinó al megaproyecto.
La Gobernación se sumó al proceso en 2016 por instrucción del gobernador Iván Canelas, debido a que la gestión de Edmundo Novillo no lo hizo. La Gobernación, como víctima, presentó los desembolsos que realizó de 2006 a 2009, que ascienden a 20 millones de dólares.
Una de las fiscales que investiga al consorcio, Jaqueline Ponce, dijo que se cumplieron con todos los plazos y que la fecha para juicio depende de la agenda del tribunal.
Ratificó que ninguno de los seis imputados fue hallado. “El proceso se puede llevar en rebeldía aunque no se hagan presente los acusados. Hay varios bienes que se han incautado y entregado a Dircabi. La cuantificación de los bienes y reparación de daños se realiza en ejecución de sentencia”, declaró.

Fuente: Los Tiempos

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