Ortiz denuncia decretos discrecionales de compra directa; Gobierno minimiza


107 normas, entre leyes y decretos, autorizaron compras directas y contratación por invitación a empresas. Solo un tercio del total tienen montos y alcanzan a Bs 10.496 millones, el resto, más del 60 por ciento de los decretos no fijan límite de dinero. Las normas se aprobaron en el periodo 2007-2018, denunció el senador Óscar Ortiz en conferencia de prensa. Mientras el Ejecutivo salió a minimizar las denuncias el MAS cerró filas en torno al Gobierno.

Ortiz recordó casos emblemáticos que sacudieron al Gobierno como el caso CAMC, los taladros chinos o las invitaciones para los juegos Odesur, mientras que el analista Alberto Bonadona citó los casos de las barcazas chinas, que le costó al país unos $us 30 millones y el caso de la Empresa de Construcción del Ejército, que quebró y tuvo que devolver el dinero asignado con sus bienes.

“Hay decretos que han sido utilizados de forma reiterada, al respecto podemos citar en el caso del decreto 224 del 24 de julio de 2009 mediante el cual se licitó el proceso de contratación directa para la compra de tres equipos de perforación que fue adjudicado en $us 148 millones. Ese mismo decreto fue utilizado en el año 2017 para adjudicar a la empresa Tecnimont la construcción de la planta de propileno y polipropileno por más de $us 2.000 millones”, refirió.

Pero el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, respondió con ataques contra el senador opositor y dijo que con ese ahínco debería investigar el caso ‘mochilas’ que involucra a su correligionario, José María Leyes en la ciudad de Cochabamba.

“El senador Ortiz no tiene la menor idea de lo que es la gestión pública. La única corrupción comprobada y fomentada es la que se vio en la Alcaldía de Cochabamba, y tiene marca registrada, Demócratas. Habría que consultarle a él qué opina sobre la corrupción de su vicepresidente (José María) Leyes, qué tipo de normativa utilizó para delinquir tan abiertamente”, espetó.

El analista Alberto Bonadona recordó que en la administración pública no se podía hacer invitación directa y que este Gobierno convirtió lo ilegal en legal a través de un decreto y, desde ese momento, se implementó la contratación directa que evita los procesos de fiscalización y transparencia en la ejecución de algún proyecto.

En gabinete

El senador Omar Aguilar (MAS) recordó que las contrataciones directas fueron aprobadas en un gabinete ampliado que hubo con los sectores sociales incluidos y en ese entonces se decidió por esa modalidad por la burocracia que había en los proyectos.

En la denuncia que realizó el senador Ortiz, hasta 2014 la emisión de ese tipo de decretos era inferior a 10, pero a partir de ese año las normas se dispararon a 15 aproximadamente en cada gestión.

El también senador oficialista Rubén Medinacelli, dijo que la modalidad de las contrataciones no definen los hechos de corrupción y recordó que varias exautoridades de gobierno están presas por esos hechos.

Fuente : El Deber

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